Fiscalizando en la crisis
12 / Jun / 2020
Existen dos importantes sistemas de organización política en el mundo: los países federales y los unitarios o centralistas. En los primeros coexisten soberanías de diferentes órdenes de gobierno y en los segundos solo una. Los federales no llegan a 30, pero son los más grandes del mundo; los demás –la mayoría– son gobiernos unitarios. México es un país federal, lo que no significa sea descentralizado, particularmente han sido sensibles los temas tributario y presupuestal.
El acuerdo se materializó hace casi 40 años cuando el secretario de Hacienda era David Ibarra Muños y los estados cedieron facultades recaudatorias al gobierno federal, dejándoles la responsabilidad de recaudar para recibir después una parte de lo recaudado.
Se forma la recaudación federal participable, donde se agrupan todos los ingresos corrientes con los que se calculan las participaciones, y se hacen pagos provisionales, y las cifras definitivas son las de Cuenta Pública (CP) cuando es presentada a la Cámara de Diputados.
De los fondos, destaca el Fondo General de Participaciones, con 20 por ciento de la recaudación federal participable, del cual por lo menos cuatro puntos son transferidos a los municipios, esto es el 20 por ciento, aunque hay estados que participan con un poco más a sus municipios, de todos los fondos estatales y ellos reciben el 100 por ciento del Fondo de Fomento Municipal.
Los recursos participables se distribuyen a través de fórmulas, donde nada tiene que ver el origen de la recaudación federal, que no la hacen los estados sino la autoridad federal a través del SAT. Al respecto, en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal existe una Comisión de Vigilancia donde se verifican las cifras y la aplicación de las fórmulas donde participan las entidades federativas, comité que, por cierto, durante muchos fue coordinado por el hoy auditor especial de gasto federalizado en la ASF.
Con cifras del informe que la autoridad fiscalizadora presentó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados en febrero, correspondiente a la CP 2018, ya que son revisiones ex post o posteriores a la presentación de las cuentas públicas, esto es, son revisiones de hechos pasados, de ahí la necesidad para que la ASF revise en tiempo real, con un enfoque preventivo y correctivo, algo que empezamos a hacer con convenios no de acompañamiento, sino de revisión adelantada en proyectos importantes como el nuevo aeropuerto, el proyecto de Dos Bocas y hemos actuado así con la Guardia Nacional. Y procuramos hacerlo con el sector salud.
En el último año de la administración anterior, el gasto federalizado significó el 35 por ciento del gasto neto federal, del cual las transferencias condicionadas representaron el 20 y las participaciones, el 15 por ciento.
Ese año se hicieron mil 332 auditorías al gasto federalizado, más de 70 por ciento del total de las revisiones de la ASF, de las cuales 820 correspondieron al gasto programable, esto es aportaciones, convenios, subsidios y a programas extra presupuestarios, así como 312 a las participaciones y 200 al cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. En este momento, están en proceso las revisiones correspondientes a la Cuenta Pública 2019, con un ajuste debido a los meses en que han dejado de correr los plazos legales, pero con grandes avances como la planeación estratégica, las auditorías digitales a través del buzón electrónico, y el avance tecnológico de la ASF, que le permitirán cumplir con los tiempos de la planeación estratégica, con auditorías más precisas, oportunas y con mejores resultados en la lucha contra la corrupción.
Además, con una gran coordinación con la Fiscalía General de la Republica, la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros.
David Colmenares Páramo
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